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Es posible que algunas personas crean necesario saber si la persona que está valorando contratar una empresa ha cometido algún delito grave que pueda poner en peligro la seguridad del entorno laboral. Sin embargo, al plantearnos esta pregunta estamos entrando en un terreno un tanto “embarrado” que atenta al derecho de protección de datos de las personas, además de estar incurriendo en un conflicto de moralidad.
Pese a que el Tribunal Supremo ha decidido sobre la legalidad o ilegalidad de exigir un certificado de antecedentes penales a los trabajadores, el debate sigue abierto en la calle. Cuando esto ocurre, existe una pluralidad de opiniones que hace que conocer qué se ajusta a la legalidad sea bastante complicado.
Por ello, los especialistas de Doverty nos hablan de cómo se encuentra este asunto en cuanto a su legalidad. Ya que, en ocasiones, no sabemos hasta qué punto se deben de respetar los derechos y libertades individuales o cuáles son los límites que las empresas no pueden sobrepasar, por ejemplo, en un proceso de selección.
Así, este equipo de profesionales, nos ayuda a conocer qué tipo de datos personales de sus trabajadores puede recabar una empresa en el marco de una relación laboral, como veremos a continuación. Si tienes dudas similares a las que hemos comentado o buscas contratar un detective privado, puedes encontrar estos profesionales a través de https://www.doverty.es/detectives-privados-cuenca.
¿Qué es un certificado de antecedentes penales?
El certificado de antecedentes penales es un documento que debe ser expedido por el Ministerio de Justicia que se encarga de consultar los datos que se recogen en el Registro Central de Penados y que sirve para demostrar la existencia o la no existencia de cargos penales de una persona física o jurídica.
Dicho con otras palabras, en este documento aparece la información sobre condenas que se han impuesto a una persona mayor de 18 años. Estas se pueden considerar imputables por un juzgado o tribunal español. Además, también permite conocer si existen condenas impuestas a ciudadanos españoles que residen en otros países de la Unión Europea.
En este certificado de antecedentes penales puede mostrar que no se ha encontrado antecedentes penales relativos a la persona que lo ha solicitado. Aunque esto no quiere decir que no haya tenido ningún “tropiezo” con la justicia en algún momento de sus vidas. Ya que, en este documento no aparece la información de sentencias absolutorias, las condenas canceladas o los delitos cometidos cuando la persona aún era menor de edad. Además, tampoco refleja la información sobre antecedentes policiales, ni de personas inimputables o sobre sentencias del orden civil, contencioso-administrativo o social.
En cambio, este documento sí refleja sentencias judiciales y firmes, que no se pueden recurrir, así como aquellas en las que la persona ha aceptado su culpabilidad en un juicio. También aparecen las sentencias por delitos cometidos una vez la persona ya había cumplido la mayoría de edad. Además, estas, pueden haberse redactado tanto en tribunales españoles o en otros países de la Unión Europea
Este certificado de antecedentes penales lo puede solicitar la persona interesada o una persona distinta al interesado, pero esta persona deberá estar autorizada para hacerlo. Se puede pedir de forma presencial, por correo electrónico o por correo postal. Salvo casos muy concretos, nadie puede tener acceso a este certificado sin tu permiso. Una vez expedido tiene una validez de, como máximo, 10 meses. Por lo que, transcurrido este plazo, será necesario volver a solicitarlo de nuevo.
¿Es legal exigir un certificado de antecedentes penales a un trabajador?
Según el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), “los datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como los relativos a los procedimientos y medidas cautelares y de seguridad para fines de prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo se puede realizar cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión Europea”.
Dicho con otras palabras, quiere decir que, salvo excepciones muy concretas, que veremos más adelante, las empresas no pueden exigir la aportación de un certificado de antecedentes penales a los candidatos a un puesto de trabajo.
Como norma general, siempre prevalece la intimidad del trabajador. Ya que, al solicitar este tipo de información confidencial, las empresas pueden incurrir en una práctica discriminatoria que viola los derechos fundamentales de los trabajadores o de los candidatos a un puesto de trabajo.
De hecho, los antecedentes penales son datos de carácter personal y, por ello, están catalogados como datos especialmente protegidos. Así, se trata de datos confidenciales y su divulgación está totalmente prohibida. Así pues, incluso aunque el candidato o el trabajador haya prestado su consentimiento, pedir este certificado de antecedentes penales en la mayoría de los casos sigue siendo una práctica ilegal.
Además, esta práctica ilegal está tipificada como una infracción muy grave en la normativa de protección de datos. Esto se puede traducir en que la empresa puede ser sancionada con hasta 20 millones de euros o el 4% de su facturación anual. Esto se debe a que la jurisdicción española dicta que se trata de una práctica discriminatoria, que limita el acceso al trabajo y que, salvo excepciones, solicita una información personal que puede no ser relevante ni estar relacionada con el trabajo que el candidato ha solicitado.
¿En qué casos los trabajadores deben aportar un certificado de antecedentes penales?
Como hemos dicho con anterioridad, las empresas no pueden solicitar un certificado de antecedentes penales a sus trabajadores o sus candidatos, salvo excepciones. Ahora nos vamos a detener en qué casos las empresas o los organismos sí pueden solicitar este documento a sus trabajadores. De hecho, conforme a la ley, pueden hacerlo cuando exista una ley nacional o una normativa europea de aplicación directa que permitan hacerlo.
De hecho, para optar a determinados puestos de trabajo, aportar un certificado de antecedentes penales es un requisito imprescindible. Es decir, existen determinados puestos en los que se exige que en este documento no conste la existencia de que la persona candidata al puesto de trabajo haya cometido un delito.
Entre estos empleos, es necesario aportar un documento negativo en los siguientes casos: trabajo con menores de edad, administraciones y empleados del sector del juego, entidades de crédito, empleados que dependen de un consorcio de la Administración Pública, trabajadores de seguridad en los aeropuertos y profesionales de seguridad privada. Es decir, que el certificado de antecedentes penales se pide de manera habitual en aquellos sectores de trabajo que guardan relación con la educación, la salud o la seguridad.
Asimismo, también hay que decir que todas las personas pueden pedir la cancelación de sus antecedentes penales una vez pasado cierto período de tiempo. De hecho, una vez se hayan rendido cuentas ante la justicia y, si la persona afectada no vuelve a cometer ningún delito, puede eliminar todos sus antecedentes del Registro Central de Penados. Y, por lo tanto, esta persona puede obtener un certificado de antecedentes penales negativo para poder acceder a determinados puestos de trabajo.